Excelente artículo de Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en El Comercio el 25 de octubre de 2026.

«Hay revueltas y hay insurrecciones; son dos formas de ira: una no tiene razón, la otra sí».

Víctor Hugo, Los miserables

Esta cita de Víctor Hugo resume la mentalidad romántica francesa: la insurrección se considera un derecho.

El artículo de Diego Macera es excelente y demuestra un conocimiento profundo y una visión económica muy acertada de la realidad francesa.

Francia es un país que pierde posiciones

En 1980, en termino de PBI per cápita, Francia se situaba prácticamente al mismo nivel que los Estados Unidos y por delante de Alemania. En 2025, había retrocedido hasta quedar por detrás del Reino Unido y de Bélgica.

Figure 1 Francia era al mismo nivel que los EE UU en termino de PBI per capita en 1980

Los sucesivos gobiernos franceses han mantenido una intervención profunda y generalizada del Estado en la economía, en respuesta a las demandas de una población que exige un modelo social cada vez más amplio, aunque no siempre eficiente.

El socialismo francés no depende del partido político del Gobierno. Francia ha desarrollado un sistema de inspiración socialista que se mantiene continuamente, independientemente de quién gobierne. Por ejemplo, Marine Le Pen, considerada representante de la extrema derecha y situada entre las favoritas en los sondeos para las próximas elecciones presidenciales, defiende, sin embargo, un programa económico de carácter marcadamente socialista.

A mi juicio, se está cumpliendo la previsión de Joseph Schumpeter: el socialismo conduce a un lento declive económico.

Este socialismo progresivo se traduce en uno de los niveles de gasto público más elevados del mundo

Como señala Diego Macera: «Francia es el país de la OCDE con el mayor nivel de gastos públicos como porcentaje de su PBI (57%), solo comparable con Finlandia».

Estos gastos se destinan esencialmente a financiar un amplio modelo social redistributivo, cuyos principales beneficiarios son la clase media, más que los sectores más pobres de la población.

La política fiscal

La política presupuestaria francesa parece seguir una lógica particular: primero se incrementa el gasto público para satisfacer las reivindicaciones de los manifestantes; después, el ministro de Finanzas hace las cuentas y comprueba que el déficit presupuestario es excesivo.

La solución consiste entonces en aumentar los impuestos y las cotizaciones sociales que soportan las empresas para financiar estos nuevos gastos redistributivos.

Se asegura a la población que este incremento de la presión fiscal recaerá principalmente sobre los ricos y las empresas, y que las clases medias apenas se verán afectadas. Sin embargo, un país que impone impuestos y cargas sociales cada vez más elevados a sus empresas pierde competitividad y termina enfrentándose a un desempleo creciente.

Resulta sorprendente que buena parte de la población y de los intelectuales franceses no haya comprendido que este modelo social, basado en un aumento permanente del gasto público, contribuye al declive económico del país y, en última instancia, también al deterioro social.

La estructura del gasto público

Como señala Diego Macera, entre los principales componentes del gasto público francés se encuentran las pensiones, que representan aproximadamente el 14 % del PBI (o una cuarta parte del gasto público), y las remuneraciones de los empleados del sector público. 

Estos desembolsos no constituyen gastos de inversión. Y como los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales no son suficientes para financiarlos, la diferencia se cubre mediante el endeudamiento público. Financiar las pensiones de los jubilados y los salarios de los funcionarios mediante deuda significa trasladar una carga considerable a las generaciones futuras. Es una concepción bastante peculiar de la solidaridad social, que recuerda la expresión francesa: «Après moi, le déluge» («Después de mí, el diluvio»).

Una deuda pública bajo la presión de los “bond vigilantes’’

El Gobierno francés no consigue reducir el déficit público y, en las actuales circunstancias, tampoco parece estar en condiciones políticas de hacerlo.

Este déficit comprende tanto el del Gobierno central como los de las administraciones locales y de la seguridad social. Durante el período 2020-2026, el déficit del conjunto del sector público se ha situado en niveles elevados, del orden del 6 % del PBI anual.

La población se resiste a aceptar reformas estructurales que impliquen una reducción del gasto público, mientras que los gobiernos temen asumir el costo político de medidas impopulares.

Las perspectivas no son alentadoras. Francia celebrará elecciones presidenciales el próximo año y dos figuras populistas, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, aparecen bien posicionadas para acceder a la segunda vuelta. 

Ninguno de los dos propone una reducción significativa del gasto público. Por el contrario, ambos defienden, con orientaciones políticas diferentes, una mayor intervención del Estado y un aumento del gasto.

En buena parte de las medias francesas, especialmente los de izquierda, predomina la idea de que el problema fundamental de los servicios públicos es la insuficiencia de recursos (« falta de recursos»), y no la eficiencia con la que se utilizan.

Ante estas incertidumbres políticas y la elevada probabilidad de que la deuda pública continúe aumentando, los inversionistas exigen rendimientos cada vez mayores para adquirir obligaciones del Estado francés.

En consecuencia, aumenta el diferencial de rendimiento (spread) entre la deuda francesa y la alemana. Algunos inversionistas comienzan a desprenderse de sus títulos franceses. Los rendimientos exigidos por el mercado suben y, como consecuencia, el valor de mercado de las obligaciones existentes disminuye.

Este es precisamente el mecanismo mediante el cual los llamados “bond vigilantes’’ ejercen presión sobre los gobiernos excesivamente endeudados.

La gran incertidumbre: ¿quién impondrá el ajuste?

Francia, como cualquier país que pierde progresivamente la confianza de sus acreedores, tendrá que realizar un ajuste de sus finanzas públicas.

Si sus autoridades políticas no son capaces de llevarlo a cabo, podrían verse obligadas a recurrir a agentes externos, principalmente al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional.

Los programas tradicionales de ajuste del FMI suelen combinar tres instrumentos: reducción del gasto público, aumento de los ingresos fiscales y devaluación de la moneda.

Sin embargo, Francia pertenece a la zona euro y no dispone de una moneda nacional que se pueda devaluar. Por lo tanto, sus principales instrumentos de ajuste son la política de ingresos y la política de gastos públicos. En nuestra opinión, sería un grave error exigir nuevamente a Francia un aumento de los impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias. Su presión fiscal ya se encuentra entre las más elevadas del mundo y constituye, precisamente, una de las causas de su pérdida de competitividad y de su declive económico.

Francia necesita reducir simultáneamente el gasto público y la presión fiscal, aunque la reducción del gasto tendrá que ser más importante para permitir la consolidación de sus finanzas públicas.

Naturalmente, este ajuste no puede realizarse en un solo año. Debería desarrollarse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, mediante un programa plurianual, con objetivos anuales claros y verificables, lo que nunca los gobiernos sucesivos de Francia han realizados (Francia no tiene la capacidad de realizar la meta de un déficit presupuestario del 3% del PBI, a pesar que las autoridades dicen que va ser la meta para los próximos años (meta que se desvanece, como un espejismo, a medida que avanza el tiempo). 

La población saldrá a manifestarse. Una minoría recurrirá a la violencia, destruyendo vehículos y edificios públicos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, incluida la jornada del sábado 24 de octubre. Pero no hay razones para pensar que estas manifestaciones deban ser necesariamente más violentas que las anteriores. Son, en gran medida, los mismos sectores que se movilizan habitualmente: funcionarios públicos, jubilados, estudiantes y, cada vez más, alumnos de secundaria. Estas movilizaciones cuentan con el respaldo de sindicatos cuya representatividad entre el conjunto de los trabajadores es limitada, así como de organizaciones políticas de extrema izquierda, particularmente: La France Insoumise. Esta última busca conquistar el poder mediante las urnas, pero también utiliza la agitación social y la confrontación política como instrumentos de presión.

Entre las numerosas reformas estructurales necesarias, hay una que nos parece especialmente importante

Una de las razones por las que el Gobierno francés no consigue que se apruebe un presupuesto de austeridad es la incapacidad del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar un proyecto presupuestario coherente, orientado a la reducción progresiva del déficit público.

El presupuesto es examinado y votado por los diputados, «misiones por misiones ». Lo que significa que estos dedican buena parte de su tiempo a proponer nuevos gastos, principalmente sociales, a aumentar los impuestos —supuestamente solo para los ricos y las grandes empresas— y a introducir nuevos beneficios y exoneraciones tributarias (“tax expenditure’’). 

En el Perú, la Constitución establece expresamente: «Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto». Además, si el Congreso no ha aprobado y remitido la Ley de Presupuesto a más tardar el 30 de noviembre, el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo entra en vigor mediante decreto legislativo. Por lo tanto, el Congreso no puede bloquear indefinidamente la aprobación del presupuesto nacional.

Mientras Francia no adopte una reforma constitucional de esta naturaleza, la gestión de sus finanzas públicas seguirá siendo prácticamente ingobernable.

Es una verdadera lástima, porque Francia posee fortalezas

Pese a que su marco macroeconómico resulta poco favorable para la iniciativa privada, Francia dispone de algunas de las mejores empresas del mundo. Destaca en la industria del lujo, en la construcción de aviones civiles y militares y en la industria de defensa.

Cuenta también con un tejido de pequeñas empresas innovadoras y con capacidades tecnológicas de primer nivel, incluso en sectores de vanguardia como la inteligencia artificial.

Sus fuerzas armadas son relativamente reducidas, pero profesionales, eficaces y dotadas de capacidades tecnológicas avanzadas.

Francia sigue teniendo empresarios que, a pesar de las dificultades cotidianas, de la multiplicación de los impuestos y de regulaciones cada vez más complejas, continúan invirtiendo, produciendo, innovando, vendiendo y generando beneficios.

Y posee, además, uno de los patrimonios históricos, arquitectónicos, religiosos y culturales más ricos y hermosos del mundo.

El problema de Francia no es la falta de recursos, de talento o de capacidades productivas. Es un modelo económico y político que, en lugar de aprovechar plenamente estas extraordinarias fortalezas, termina frenándolas.